El Ministerio de Capital Humano ofrecerá transferir los fondos de su propio proyecto de reforma legal a cambio de que los rectores retiren la demanda judicial. La propuesta reconoce la pérdida salarial solo de 2025 y omite la cláusula de actualización por inflación de la ley vigente. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) asegura que aún no hay notificación formal.
La Casa Rosada busca una salida de emergencia política y económica tras la masiva presión callejera de la cuarta Marcha Federal Universitaria. El Poder Ejecutivo Nacional presentará una propuesta formal a los rectores de las universidades públicas con el objetivo de clausurar el frente judicial antes de que la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia. La estrategia del oficialismo consiste en ofrecer el financiamiento contemplado en su propio proyecto de reforma —enviado oportunamente al Congreso para morigerar el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitaria vigente— a cambio de que las casas de estudio desistan de la medida cautelar que interpusieron contra el Estado. De avanzar el fallo adverso en el máximo tribunal, el Ejecutivo se enfrentaría a la obligación de desembolsar una cifra cercana a los 2,5 billones de pesos para salarios, becas e infraestructura.
La negociación es comandada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y cuenta con el aval técnico del Ministerio de Economía para liberar las partidas de forma inmediata si se sella el pacto. La propuesta oficial elude el debate parlamentario y busca imponer por vía administrativa las condiciones del proyecto del oficialismo. Sin embargo, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reaccionaron con cautela: ante la consulta de este medio, enfatizaron de manera tajante que «no hay nada de nada» recibido formalmente en sus despachos. Tampoco se registraron avances en la convocatoria especial para destrabar una partida de $79.000 millones presupuestados y no ejecutados para las universidades que administran hospitales públicos.
Las diferencias entre el marco legal vigente por el que marchó la comunidad educativa y el «plan de canje» que diseñó la administración nacional son profundas y se estructuran en tres ejes principales:
- Recomposición salarial: Mientras la ley actual obliga a actualizar los haberes docentes y no docentes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tomando la pérdida acumulada desde 2023, la oferta oficialista solo reconoce la caída del poder adquisitivo sufrida durante 2025, omitiendo el desplome de 2024. El pago se realizaría en tres tramos del 4,1% sobre los básicos de diciembre pasado y fijaría paritarias trimestrales sin indexación automática por inflación.
- Gastos de funcionamiento: La normativa que defiende el CIN exige actualizar los presupuestos operativos rezagados de los últimos dos años (incluyendo áreas clave de ciencia y técnica). El esquema del Ejecutivo suprime esas actualizaciones históricas y solo promete adecuar las partidas si la inflación anual de 2026 supera el techo del 14,5%.
- Presupuesto de Salud: Como incentivo para que los rectores firmen el armisticio judicial, el Gobierno incluyó una partida de $80.000 millones destinada exclusivamente al funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores más asfixiados por el esquema de austeridad del gasto público.
PULSEADA PRESUPUESTARIA (Diferencias clave del sistema de financiamiento)
| Variable en disputa | Ley de Financiamiento Universitaria (Vigente) | Proyecto de Reforma del Gobierno (Oferta) |
| Pérdida salarial reconocida | Acumulada desde el año 2023 | Exclusiva del periodo 2025 (en 3 tramos) |
| Actualización de haberes | Obligatoria por Índice de Precios (IPC) | Paritarias trimestrales sin indexación |
| Garantía para gastos operativos | Indexación por inflación de los últimos 2 años | Solo se activa si la inflación 2026 supera el 14,5% |
| Riesgo fiscal para el Estado | Demanda judicial por $2,5 billones | Presupuesto acotado con aval de Economía |
¿Considerás que los rectores deberían aceptar la oferta del Gobierno para garantizar fondos inmediatos o tienen que esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema?
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