A través de una decisión administrativa, el Ejecutivo podó fondos clave para el Plan de Alfabetización, infraestructura escolar y salarios docentes. La medida suspende obras en 13 universidades y profundiza el conflicto en el día de la movilización federal.
En un clima de máxima tensión y a pocas horas de que comience la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un nuevo y severo recorte sobre el sistema educativo. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, la gestión de Javier Milei dispuso una quita de $78.768 millones que afecta desde el Plan Nacional de Alfabetización hasta las obras de infraestructura en las universidades. La medida funciona como un combustible político para la movilización de esta tarde en Plaza de Mayo, donde la comunidad educativa denunciará que el presupuesto vigente para la educación superior ya acumula una caída real del 32,5% respecto al año 2023.
El ajuste golpeó con mayor dureza al Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.000 millones, impactando directamente en el envío de fondos a las provincias. También se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.900 millones), herramienta clave para equiparar los sueldos mínimos en las jurisdicciones más pobres. En cuanto a las becas estudiantiles y políticas socioeducativas, el recorte superó los $6.600 millones, lo que debilita aún más la permanencia de los alumnos en el sistema.
Las universidades nacionales, protagonistas de la jornada de hoy, sufrieron una poda de $5.303 millones destinados específicamente a infraestructura. Esto implica la paralización total de obras en 13 casas de estudio, siendo la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) la más afectada, seguida por las de San Martín y Avellaneda. Según el CEPA, si el Gobierno hubiera aplicado la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso, el presupuesto universitario debería ser un 35% superior al que el Ejecutivo pretende consolidar para este año.
Desde el oficialismo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, justificó la medida argumentando que la Ley de Financiamiento quedó «derogada de hecho» al aprobarse el presupuesto general. Además, señaló que el reclamo gremial de un aumento salarial del 50% es un gasto que el Estado «no está en condiciones de afrontar» y que la norma incumplía la Ley de Administración Financiera al no especificar el origen de los fondos.
LOS PUNTOS CLAVE DEL RECORTE
- Plan de Alfabetización: -$35.288 millones.
- Infraestructura Escolar: -$21.686 millones.
- Fondo Compensador Docente: -$8.929 millones.
- Obras en Universidades: -$5.303 millones (obras suspendidas en 13 instituciones).
- EDUC.AR S.A.: -$48.000 millones en transferencias.
¿Creés que este recorte de último momento es una respuesta política a la marcha de hoy? ¿Cómo afecta la paralización de obras a las universidades de tu región?
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