Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el amparo y habilitó la compra de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras sin cupos restrictivos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, decreto a través del cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La decisión del máximo tribunal se basó en el rechazo a la demanda interpuesta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los magistrados determinaron que la agrupación carecía de representación legítima para impulsar una acción judicial de carácter colectivo destinada a defender la soberanía nacional. El fallo lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes advirtieron sobre los límites institucionales del Poder Judicial.
Especialistas en derecho constitucional, como Andrés Gil Domínguez, señalaron que, a partir de esta resolución judicial, cualquier persona física o jurídica de origen extranjero podrá adquirir inmuebles rurales sin los cupos restrictivos que fijaba la normativa anterior. Esta resolución se da en un contexto institucional marcado por el reciente freno legislativo que sufrió el oficialismo al tener que retirar un capítulo de similares características en el Congreso.
El origen de la controversia judicial
La derogada Ley 26.737 establecía un régimen destinado a proteger el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, imponiendo topes estrictos para su adquisición por parte de extranjeros. Su eliminación fue formalizada por el artículo 154 del DNU 70/2023.
El litigio comenzó cuando el CECIM presentó un recurso de amparo contra el Estado Nacional para anular la medida, argumentando que la flexibilización de los controles fomentaría la extranjerización del territorio y pondría en riesgo la soberanía. Si bien en primera instancia la demanda fue rechazada por falta de legitimación, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó ese criterio en marzo de 2024, admitió el reclamo, declaró la inconstitucionalidad del artículo y ordenó tramitar la causa como proceso colectivo. Ante esta situación, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario que derivó en la intervención de la Corte Suprema.
Propietarios extranjeros y antecedentes
De acuerdo con los registros oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, hacia agosto de 2026 ya existían 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras —cifra equivalente al 5% del territorio nacional y comparable a la superficie de la provincia de Santa Fe—.
Asimismo, durante la administración de Javier Milei, el Ministerio de Justicia otorgó un total de 111 certificados habilitantes para que ciudadanos extranjeros adquirieran tierras rurales: 35 de ellos en 2024, 29 durante 2025 y otros 47 en lo que transcurre de 2026.
