Tras conseguir quórum en la Comisión de Juegos de Azar, los legisladores aprobaron el proyecto en general, pero se fracturaron al debatir la creación de fondos y los tributos a las licenciatarias. El expediente pasó a Presupuesto.
Tras el fallido intento de la semana pasada por falta de quórum, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense logró reunirse con asistencia perfecta y emitió despacho favorable al proyecto que busca regular las apuestas online en la Provincia. No obstante, el debate evidenció fuertes rispideces políticas y dividió las aguas en torno al financiamiento y la administración de los recursos, trasladando la discusión definitiva a la Comisión de Presupuesto.
Si bien el proyecto impulsado por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto cosechó una aprobación general unánime con modificaciones, la votación en particular expuso un mapa político fragmentado. Por un lado, La Cámpora, el Frente Renovador y la UCR respaldaron un despacho que mantiene montos fijos y elevados a cargo de las plataformas e incorpora el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS). Por otro lado, un sector articulado por Juan Pablo de Jesús (presidente de Presupuesto), la kicillofista Lucía Iañez, la peronista Marcela Basualdo, el macrista Fernando Rovello y el dialoguista Fabián Luayza impulsó una propuesta alternativa que crea un nuevo fondo de distribución amplia para municipios, clubes e iglesias sin especificar montos fijos, dejando esa definición abierta en Presupuesto.
Más allá de la disputa fiscal, el texto consensuado avanzó en herramientas clave de protección y prevención frente al juego compulsivo, entre las que sobresalen:
- Controles biométricos y límites: Validación de identidad obligatoria para bloquear el acceso a menores de edad, restricción de redes en escuelas, topes de depósitos y extensión del cierre automático de sesión a los 180 minutos de actividad continua.
- Restricción publicitaria y familiar: Prohibición total de bonos de bienvenida e incentivos, límites a la pauta en la vía pública y eventos deportivos, y habilitación para que familiares soliciten restricciones judiciales en casos de ludopatía.
- Lucha contra el juego ilegal: Descentralización de las investigaciones en 20 fiscalías especializadas —una por cada departamento judicial— para perseguir plataformas clandestinas sin crear estructuras nuevas.
