A siete meses de su desarticulación en González Catán, la causa contra la organización que operaba clínicas sin habilitación sigue sumando imputaciones. Mientras los cinco principales acusados permanecen detenidos, la Justicia analiza nuevas querellas, incluyendo la muerte de un paciente, y las declaraciones de profesionales médicos revelan el modus operandi del grupo liderado por Alberto Santarceri.
Lo que comenzó con la denuncia de una médica por el uso indebido de su sello profesional en diciembre de 2025, derivó en una de las causas judiciales más complejas de los últimos tiempos en La Matanza. La investigación sobre la red de centros de salud «Argentina Salud» continúa profundizándose, con el foco puesto en la expansión de los cargos contra los cinco detenidos principales y la reconstrucción de una estructura delictiva que operaba a plena vista en González Catán.
La organización, señalada por la Justicia como una asociación ilícita, mantiene bajo prisión preventiva a Alberto Santarceri, su pareja Noelia Luna, sus hijos Brian y Nicolás Santarceri, y Gabriel Musse. Actualmente, la fiscalía trabaja en la consolidación de 15 hechos concretos, aunque se estima que la cifra de damnificados y delitos —que incluyen ejercicio ilegal de la medicina y defraudación— crecerá significativamente a medida que se incorpore la documentación secuestrada en los allanamientos.
Uno de los puntos críticos de la investigación es el fallecimiento de Héctor José Navarro, ocurrido el 4 de enero de 2026, tras haber sido examinado en la guardia de «Argentina Salud». La querella presentada por su hijo, Lucas Damián Navarro, ha cobrado una importancia central y actualmente se aguardan informes de organismos médicos para determinar la responsabilidad directa de la clínica en el deceso.
Quiebre en las defensas y nuevos testimonios La estrategia de los imputados ha comenzado a fracturarse. Mientras al inicio compartían representación legal, ahora han diversificado sus defensas. El pasado 25 de junio, Noelia Luna declaró ante la Justicia, intentando desligarse de las responsabilidades penales al señalar directamente a su pareja, Santarceri, como el líder del grupo. Además, su defensa busca obtener el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando el cuidado de sus cinco hijos menores.
Por otro lado, los testimonios de médicos extranjeros contratados por la organización fueron fundamentales para desentrañar el funcionamiento interno. Según confesaron ante la Justicia, eran reclutados para realizar guardias de 24 horas por sumas bajas (alrededor de 80.000 pesos) y eran obligados a utilizar sellos de otros profesionales para ejercer sin tener la matrícula habilitante en Argentina. Cabe destacar que, tras las indagatorias, algunos de estos médicos fueron sobreseídos al probarse que se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema y fueron engañados por la organización.
La causa sigue su curso con el análisis forense de cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos. La Justicia matancera mantiene el objetivo de alcanzar una imputación extensa que no solo alcance a los dueños, sino que esclarezca la totalidad de los daños a la salud pública provocados por esta clínica trucha.
