Tras la admisión de ahorros no declarados por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las principales fuerzas de la oposición —la Unión Cívica Radical y el PRO— emitieron comunicados conjuntos exigiendo explicaciones y mayor transparencia. Ambos bloques advirtieron que el episodio constituye una «falta grave» y reclamaron la intervención de la Justicia.
La transparencia en la gestión pública ha quedado en el centro del debate político tras la última presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni. El funcionario admitió haber omitido declarar ahorros que superan los 500.000 dólares, una revelación que generó un fuerte rechazo en el arco político. Tanto el radicalismo como el PRO calificaron el hecho como una contradicción inadmisible, señalando que las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete resultan insuficientes y ponen en tela de juicio su continuidad frente a la conducción del Estado.
La Unión Cívica Radical (UCR) fue categórica en su posicionamiento. Desde el partido centenario, sostuvieron que las declaraciones del funcionario son «incompatibles con la ejemplaridad» que exige su cargo. En un comunicado contundente, destacaron que el funcionario le mintió al Congreso al afirmar previamente que no existía ocultación alguna en sus documentos patrimoniales. «Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado», enfatizaron, exigiendo una investigación judicial pronta y transparente.
La reacción del PRO
Por su parte, el partido fundado por Mauricio Macri no fue menos severo. A través de sus redes sociales, el PRO calificó el suceso como una «falta grave», argumentando que la admisión del ocultamiento tras haber negado públicamente cualquier irregularidad no tiene «justificación posible».
«En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública», indicaron desde el espacio.
Un impacto en la confianza pública
Ambos espacios coincidieron en que la crisis no es solo administrativa, sino fundamentalmente política, ya que afecta la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Mientras la oposición presiona por celeridad en la Justicia, el Ejecutivo enfrenta el desafío de explicar por qué el funcionario mantuvo una postura inicial de negación ante el Poder Legislativo. La situación marca un quiebre en la relación con sectores aliados que exigen una «regla estricta de decencia» en el ejercicio de la función pública.
