En una audiencia clave ante el máximo tribunal de justicia, el gobierno bonaerense espera que la administración nacional presente una oferta formal para saldar el déficit de la caja previsional provincial. Se trata de una deuda histórica que, según la Provincia, alcanza los $2,2 billones.
El conflicto financiero entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional llega este miércoles a una instancia decisiva. A partir de las 11:00, se llevará a cabo la tercera audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, donde el gobernador Axel Kicillof aguarda una respuesta concreta por parte de la Nación respecto a la millonaria deuda que la Anses mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense. Tras los compromisos asumidos en abril, la expectativa del Ejecutivo provincial es recibir un esquema de pagos que permita cerrar este capítulo judicial, que se suma a una serie de litigios abiertos por fondos recortados desde 2024.
La controversia gira en torno al incumplimiento de las transferencias necesarias para cubrir el déficit de la caja jubilatoria provincial, una obligación que, según argumenta el gobierno bonaerense, Nación ha omitido sistemáticamente durante el último año. Kicillof ha señalado en reiteradas ocasiones la disparidad de trato: «De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando».
Un reclamo millonario y complejo
La deuda reclamada por la Provincia —que asciende a $2,2 billones a valores actualizados— tiene su origen en compromisos acumulados desde 2020, con un cese total de pagos por parte de la gestión de Javier Milei desde comienzos de 2024. El reclamo se fundamenta en la ley 27.701, que establece la compensación por el déficit de las cajas no transferidas a la Nación.
Si bien el Ejecutivo nacional ha justificado la falta de pagos argumentando que las auditorías necesarias no han concluido, el acta firmada en la audiencia anterior ante la Corte fue taxativa: el Estado nacional se comprometió a finalizar las revisiones y presentar una solución integral este 10 de junio.
Más allá de las jubilaciones
Este litigio no es una pieza aislada. Actualmente, la Provincia de Buenos Aires mantiene ante la justicia federal otros siete reclamos judicializados por un total que supera los $15 billones, abarcando áreas críticas como:
- Seguridad: Fondos vinculados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
- Transporte: Fondos de compensación para el interior del distrito.
- Educación: El recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La audiencia de este miércoles se perfila como un termómetro sobre la voluntad de diálogo entre el Ejecutivo nacional y el bonaerense, en un escenario donde las finanzas provinciales están bajo una presión constante debido a la quita de transferencias automáticas y no automáticas.
La resolución de este conflicto en la Corte Suprema no solo afectará el equilibrio fiscal bonaerense, sino que marcará un precedente para el resto de las provincias que aguardan definiciones similares. ¿Considerás que la judicialización de estos fondos es el camino adecuado para resolver la asimetría financiera entre Nación y Provincia, o creés que debería primar una negociación política directa entre las administraciones?
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