El diputado nacional Diego Giuliano (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para derogar la reciente Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. La iniciativa busca restituir las compensaciones económicas a las empresas de ómnibus de larga distancia que cubren los viajes de personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos infantiles, alertando sobre el riesgo de un «ajuste encubierto» y la suspensión fáctica del beneficio.
El debate por el alcance de los recortes presupuestarios del Gobierno nacional sumó un nuevo foco de alta tensión en el Congreso de la Nación. Bloques de la oposición, encabezados por el exministro de Transporte y actual diputado nacional por Unión por la Patria, Diego Giuliano, presentaron un proyecto de ley en la Cámara Baja que tiene como objetivo central anular de forma directa la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación. Dicha normativa oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia para financiar los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños bajo tratamiento oncológico. Desde el arco opositor catalogaron la medida de la administración central como «profundamente injusta» y advirtieron que la quita del fondo estatal forzará un escenario de judicialización, interrupción de servicios o el traslado directo del bache financiero a las tarifas del resto de los usuarios.
La iniciativa legislativa redactada por el diputado santafesino argumenta que la disposición oficial vulnera de manera flagrante principios de raigambre constitucional y los tratados internacionales de jerarquía superior adheridos por la República Argentina relativos a la protección de los sectores vulnerables y el derecho elemental a la salud. «No se puede sostener formalmente un derecho desde la retórica de la ley mientras se eliminan en paralelo las herramientas económicas concretas que permiten ejercerlo en el día a día», cuestionó Giuliano en los fundamentos del escrito parlamentario.
El legislador nacional detalló el impacto federal de la medida al señalar que miles de familias residentes en las provincias del interior del país dependen de manera exclusiva de las frecuencias de micros de larga distancia para trasladarse hacia los grandes centros urbanos del país para acceder a terapias de rehabilitación o prestaciones médicas de alta complejidad. A través de un descargo en sus redes sociales, Giuliano remarcó: «Eliminar el fondo de compensaciones para el transporte de personas con discapacidad no es una ‘motosierra’ abstracta: son familias angustiadas, tratamientos en riesgo y chicos que pueden quedarse sin llegar a la escuela». Asimismo, advirtió que al forzar a los empresarios del sector a absorber el costo total de la gratuidad, el sistema colapsará: «Si se hacen cargo los empresarios, se traslada automáticamente a la tarifa general o derivará en una disminución drástica de las frecuencias».
Los alcances de la Resolución 28/2026
La polémica normativa que detonó el conflicto fue publicada recientemente en el Boletín Oficial bajo la firma del secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. El espíritu de la medida gubernamental se encuadra en el plan de reordenamiento de subsidios y la quita de transferencias directas al sector privado de servicios.
Sin embargo, el texto oficial de la Secretaría de Transporte introdujo una aclaración técnica sustancial: la supresión de las transferencias económicas a las cámaras empresarias no extingue la vigencia legal del derecho de los beneficiarios a viajar sin costo. En ese marco, la resolución derivó de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la responsabilidad institucional de intensificar las fiscalizaciones y los procedimientos de control en las terminales de ómnibus de todo el país para asegurar que las empresas sigan otorgando los cupos correspondientes por unidad, bajo apercibimiento de severas multas y sanciones comerciales en caso de incumplimiento.
La quita de subsidios al transporte genera visiones encontradas entre el equilibrio fiscal y la cobertura social. ¿Considerás que las empresas deben absorber el costo de estos pasajes o que el Estado debe restituir los fondos? Dejanos tu comentario.
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