La comunidad educativa volverá a las calles el 12 de mayo para exigir que el Ejecutivo acate la Ley de Financiamiento Universitario. Tras el fallo judicial que ratificó la vigencia de la norma, el Gobierno insiste en el ajuste salarial y las universidades denuncian una parálisis inminente en los hospitales públicos.
El conflicto universitario escala a un nivel de confrontación institucional sin precedentes. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes lanzaron una convocatoria masiva para el próximo martes 12 de mayo a las 17, con destino a Plaza de Mayo. La movilización no solo busca presupuesto, sino que funciona como un mensaje directo al presidente Javier Milei: las universidades exigen el cumplimiento de una ley ya sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia, que el oficialismo intenta neutralizar mediante recursos extraordinarios y proyectos de reforma que las instituciones tildan de «insuficientes».
El eje de la disputa es la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. Aunque el Gobierno intentó vetarla y luego derogarla mediante el Presupuesto 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó su ejecución inmediata. El nudo del conflicto reside en la recomposición salarial: mientras la ley exige un 51% de aumento para recuperar lo perdido frente a la inflación desde finales de 2023, el Ministerio de Capital Humano mantiene una oferta del 12,3% en cuotas, alegando la necesidad de mantener el superávit fiscal.
Desde lo político, las universidades subrayan que «nadie está por encima de la ley». El video de convocatoria es una apelación directa a la calidad democrática, señalando que el Ejecutivo está ignorando una decisión del Congreso que ya fue validada en los tribunales. Esta postura pone al Gobierno en una situación incómoda, ya que la Procuración del Tesoro debió presentar un recurso extraordinario para evitar el desembolso de los fondos, una estrategia que los gremios califican como «mirar hacia otro lado».
La crisis también tiene una cara humanitaria que presiona la agenda política. Los hospitales universitarios, como el Roffo y el Clínicas, denunciaron que el congelamiento de fondos (operan con el presupuesto de 2025) pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes. Sin una solución en las próximas seis semanas, la parálisis de estos centros será total. Con este escenario, la marcha del martes promete ser una de las demostraciones de fuerza opositora más potentes del año, uniendo a estudiantes, gremios y sectores de la sociedad civil en defensa de la ley vigente.
¿Considerás que el Gobierno debería priorizar el equilibrio fiscal o ceder ante el fallo judicial que beneficia a las universidades?
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