Ante el incremento de agresiones por parte de familias, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense anunció un giro en su estrategia: los inspectores acompañarán a las víctimas en sus denuncias y la Fiscalía de Estado se constituirá como parte querellante en las causas penales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un cambio sustancial en su abordaje frente a los episodios de violencia en las escuelas. La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, confirmó que el Estado dejará de ser un espectador para involucrarse activamente en la protección de los trabajadores del sistema educativo, tras una serie de ataques contra docentes y auxiliares que encendieron las alarmas en distintos distritos.
«Rechazamos fuertemente los actos de violencia contra cualquier integrante de la comunidad escolar», declaró Terigi en conferencia de prensa, poniendo especial énfasis en las agresiones ejercidas por parte de familiares de los estudiantes hacia los equipos docentes y auxiliares. El objetivo, explicó la funcionaria, es ampliar los acuerdos paritarios para blindar legalmente a quienes sufren ataques por el ejercicio de sus funciones.
El Estado como parte interesada
La medida marca un antes y un después en la gestión de conflictos escolares. A partir de ahora, la cartera educativa no solo ofrecerá soporte administrativo, sino que los inspectores distritales tendrán la tarea de acompañar personalmente a los trabajadores al momento de realizar denuncias penales.
Como refuerzo fundamental, la Fiscalía de Estado participará como parte interesada en las causas que se inicien, garantizando que el Estado provincial actúe con todo su peso legal contra quienes vulneren la seguridad de los trabajadores dentro de las escuelas.
El caso Moreno como detonante
La decisión llega tras la escalada de tensión que se vivió en el distrito de Moreno hace dos semanas, donde una maestra fue golpeada por una madre delante de sus alumnos. El episodio no solo motivó un paro gremial, sino que visibilizó la indefensión que sentían los trabajadores, agravada por el hecho de que la agresora, tras el ataque, volvió a protagonizar nuevas amenazas contra otro personal del mismo establecimiento.
