El Decreto 315/2026 ofrece beneficios por 48 meses a quienes contraten desocupados. En paralelo, vuelven a regir los cambios en el cálculo de las indemnizaciones.
La reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) marca un nuevo escenario para el mundo del trabajo. Con la firma de Javier Milei, el Ejecutivo puso en marcha los beneficios para empleadores que decidan «blanquear» personal o contratar a quienes estaban desocupados antes de diciembre de 2025. El anuncio llega en sintonía con un fallo judicial que devolvió la vigencia a 82 artículos de la reforma, alterando las reglas de juego en las fábricas y comercios.
El nuevo régimen, oficializado mediante el Decreto 315/2026, establece que los empleadores que registren trabajadores entre mayo de 2026 y abril de 2027 gozarán de una reducción drástica en las contribuciones patronales durante cuatro años, pagando alícuotas de apenas entre el 2% y el 3%. Para las pymes matanceras, este esquema representa un alivio en los costos fijos, aunque con límites: solo se podrá aplicar hasta al 80% de la nómina de empleados. La fiscalización de estos beneficios estará bajo la lupa de la ARCA (ex AFIP), que controlará que no se cometan irregularidades para mantener el beneficio.
En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio un giro clave al habilitar artículos que estaban frenados por cautelares. Esto significa que en el distrito ya vuelven a regir cambios profundos:
- Indemnizaciones: Se modifica el cálculo, permitiendo excluir el aguinaldo y conceptos no mensuales.
- Conflictos gremiales: Se amplían los servicios esenciales, lo que limita el alcance de las huelgas en sectores clave.
- Pymes y Negociación: Ahora los convenios por empresa tienen prioridad sobre los de actividad, permitiendo pactar condiciones específicas según la realidad de cada fábrica o comercio local.
Otro punto sensible para el distrito es la situación de los trabajadores de plataformas (deliverys y mensajería), quienes ahora vuelven a ser considerados «independientes», quedando fuera del régimen laboral tradicional. Para el sector comercial de San Justo o Ramos Mejía, también cambia el período de prueba, eliminándose la obligación de preaviso durante esos meses. Con estas medidas, el Gobierno busca dinamizar un mercado laboral que, en el corazón de La Matanza, enfrenta el desafío de pasar de la informalidad a la estabilidad bajo nuevas y discutidas normativas.
¿Creés que estos incentivos ayudarán a que haya más trabajo en blanco en el barrio o te preocupan los cambios en las indemnizaciones?
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