Entre el 23 de junio y el 3 de julio, el partido más poblado de la provincia de Buenos Aires registró una escalada de violencia extrema. Con un homicidio cada 48 horas, las investigaciones judiciales apuntan a una sangrienta disputa por el control territorial de puntos de venta de droga. La falta de recursos, el miedo vecinal y la complejidad de las fuerzas de seguridad marcan un escenario crítico.
La Matanza atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente en materia de seguridad. Seis personas fueron asesinadas en solo doce días, una frecuencia inusitada que ha puesto en alerta máxima a las autoridades judiciales y policiales. La violencia narco, que ya no se limita a disputas silenciosas, ha dejado un reguero de plomo en barrios de González Catán y Gregorio de Laferrere, donde la población vive bajo el terror de las ejecuciones públicas y la quema de búnkeres por parte de vecinos hartos de la situación.
El mapa de la violencia se concentra en la zona oeste, donde el negocio del narcomenudeo se ha transformado en una «negociación a los tiros», según definen investigadores judiciales. La secuencia comenzó el 23 de junio en González Catán, con el hallazgo del cuerpo de Lautaro Ramírez (25), un joven vinculado al consumo y a la venta menor, ejecutado de un disparo en la cabeza. Tres días después, a pocas cuadras de allí, Walter Gerardo Esquivel (44) fue asesinado de cinco balazos.
Sin embargo, el punto de mayor horror ocurrió el 27 de junio en Laferrere. Allí, dos pistoleros a bordo de motos dispararon más de 25 proyectiles contra un búnker de droga. Tres personas perdieron la vida en un ataque cobarde que volvió a encender la furia de los habitantes de la zona, quienes, ante la falta de respuestas, optaron por destruir e incendiar las casillas utilizadas por los traficantes.
La Justicia, encabezada por equipos especializados de la UFI de Homicidios, analiza las conexiones balísticas entre estos hechos y otros crímenes previos, buscando rastrear a la banda responsable. A pesar de la contundencia de las pruebas, los investigadores enfrentan una barrera insalvable: el miedo. El silencio vecinal y la ausencia de cámaras de seguridad en las zonas periféricas dificultan el avance hacia los cabecillas de estas organizaciones.
Desde el plano institucional, la situación es de alta tensión. Si bien fuentes oficiales descartan por ahora la complicidad sistémica, reconocen que las fuerzas policiales están superadas. «Las comisarías están desmanteladas, tenemos uno o dos patrulleros por dependencia y si intentamos patrullar un punto de venta, nos reciben a tiros», confesó un jerarca policial bajo anonimato. La falta de cupos para alojar detenidos y la descoordinación entre fuerzas federales y locales completan un panorama donde, según admiten desde el terreno, «los quilombos superan a los recursos».
