Tras una investigación de varias semanas liderada por el fiscal Luciano Borda, la Policía allanó la plaza San Lorenzo de Villa Dorrego y domicilios en González Catán y Virrey del Pino. Hay tres detenidos por tráfico de medicamentos y los peritos analizan si las más de 3.000 cajas incautadas estaban vencidas o adulteradas.
El millonario y peligroso negocio de la comercialización clandestina de fármacos sufrió un fuerte revés judicial en el partido de La Matanza. Luego de una minuciosa investigación que se extendió durante varias semanas, las fuerzas de seguridad desmantelaron una red ilegal que operaba en el espacio público y secuestraron más de 3.000 cajas de medicamentos de procedencia sospechosa, valuadas en un estimado de 45 millones de pesos. El operativo, coordinado por la Justicia local, incluyó el desmantelamiento de dos puestos comerciales en una concurrida feria barrial y una serie de allanamientos simultáneos en propiedades particulares. Como resultado del procedimiento, tres personas resultaron detenidas y permanecen a disposición judicial bajo la imputación de tráfico de sustancias medicinales. Mientras la Policía Bonaerense finaliza el arqueo definitivo de las drogas incautadas, los equipos periciales concentran sus labores en determinar si los compuestos químicos se encontraban vencidos o acopiados en condiciones de insalubridad, una variable técnica que podría agravar de forma severa la situación procesal de los involucrados por el delito de atentado contra la salud pública.
La instrucción del expediente estuvo centralizada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de La Matanza, bajo la dirección del agente fiscal Luciano Borda, quien articuló las tareas operativas con el personal policial del Departamento Casos Especiales, conducido por el comisario mayor Gustavo Potenza. El origen de la pesquisa se remonta a una denuncia anónima que alertaba de manera precisa sobre la exhibición y venta directa de especialidades medicinales en dos estructuras precarias ubicadas dentro de la feria de la plaza San Lorenzo, en la localidad de Villa Dorrego.
A través de tareas de vigilancia encubierta, filmaciones y cruce de datos, los detectives policiales lograron certificar la maniobra delictiva y trazar la cadena logística de los investigados. Con las pruebas consolidadas, la titular del Juzgado de Garantías N° 6, Dra. Carina Andrijasevich, libró las órdenes de registro para los puestos comerciales y para los domicilios particulares de los sospechosos, situados en las localidades de González Catán y Virrey del Pino.
Un arsenal de fármacos fuera de control
El volumen de la mercadería ilegal sorprendió a las propias autoridades del ministerio público. Entre el lote secuestrado se contabilizaron miles de unidades destinadas al tratamiento de patologías de diversa gravedad, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, antihipertensivos y anticonceptivos. El cálculo de los 45 millones de pesos de valor de mercado se estructuró tomando como referencia los precios de lista vigentes de estos insumos en las redes de farmacias habilitadas de la zona oeste.
«La cantidad de material secuestrado abre nuevas aristas en la investigación. El objetivo inmediato es determinar cuál es el origen de los medicamentos —si provienen de robos a transportes de carga, contrabando o desvíos del circuito asistencial—, constatar si las fechas de caducidad fueron adulteradas y evaluar las condiciones de conservación para cuantificar el daño concreto a la población», precisó un vocero judicial ligado al caso, quien además anticipó que la causa registrará nuevas derivaciones institucionales en el corto plazo.
El marco legal y la exclusividad de las farmacias
Los tres arrestados afrontan cargos encuadrados en el artículo 204 del Código Penal de la Nación, apartado que tipifica el delito de tráfico de medicamentos y estipula penas de prisión de cumplimiento efectivo para aquellas personas que expendan este tipo de drogas comerciales sin la correspondiente autorización e incumbencia profesional.
La gravedad del hecho se asienta además en la vulneración de la normativa vigente en territorio bonaerense. De acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 10.606, la dispensación de cualquier tipo de medicamento (incluyendo de forma taxativa a los catalogados como «de venta libre») es de exclusiva responsabilidad y competencia de las farmacias legalmente habilitadas por el Ministerio de Salud. La legislación bonaerense prohíbe de manera absoluta la comercialización de estas sustancias en kioscos, almacenes, plataformas virtuales o ferias comunitarias, entendiendo que la ausencia de la supervisión de un profesional farmacéutico bloquea el control de calidad, la cadena de frío y fomenta la automedicación peligrosa o el consumo de psicofármacos adulterados en el mercado negro.
La comercialización de medicamentos en ferias barriales suele justificarse falsamente bajo la búsqueda de precios bajos, pero esconde un mercado negro que pone en riesgo la salud de la población. Frente a este panorama, ¿considerás que los controles municipales sobre las ferias públicas del distrito deberían ser más estrictos o que la solución pasa por facilitar el acceso económico a los remedios en las farmacias oficiales? Compartinos tu comentario.
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