Se trata de Luna Suyai Ortigoza, quien estaba al frente del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad. Tras el operativo de la Policía Federal en su vivienda de Castelar, donde se incautó medio kilo de la sustancia en forma de ladrillo, el intendente Lucas Ghi la echó de forma inmediata. La exfuncionaria permanece prófuga junto a su pareja.
Un severo sismo político sacudió las estructuras institucionales del Municipio de Morón y derivó en una causa penal de alto impacto. Luna Suyai Ortigoza, quien hasta fines de la semana pasada se desempeñaba como directora del área de Género del distrito, quedó formalmente imputada por narcotráfico y es intensamente buscada por las fuerzas de seguridad tras determinarse un pedido de captura activo. La investigación penal, motivada inicialmente por reiteradas denuncias anónimas de vecinos al 911 que alertaban sobre puntos de venta de droga al menudeo en los barrios, derivó en un masivo operativo con ocho allanamientos en Castelar y Merlo. El punto de quiebre se registró al registrarse el domicilio particular de la exfuncionaria: efectivos policiales descubrieron oculto en el inmueble medio kilo de cocaína de máxima pureza compactada en forma de ladrillo, fragmentos de marihuana y un arsenal de municiones.
La pesquisa judicial, coordinada por la UFI N° 9 de Morón a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, junto con las directivas de la jueza Laura Mariel Pinto (Juzgado de Garantías N° 1), puso la lupa sobre una red de abastecimiento y distribución con base operativa en el Oeste del Conurbano. Personal de la División Operaciones del Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina (PFA) irrumpió en la vivienda de Ortigoza, ubicada sobre la calle Isabel Pardo al 2500, en Castelar Sur, con el objetivo de efectivizar su arresto. Sin embargo, la propiedad se encontraba vacía. En los ambientes de la cocina y el dormitorio principal, los agentes de la PFA hallaron 509 gramos de cocaína, dosis de marihuana fraccionada, balanzas de precisión y cartuchos de armas de fuego calibres .32 y .22.
A raíz del resultado del procedimiento, el intendente de Morón, Lucas Ghi, firmó de manera inmediata el decreto de desvinculación y la baja del contrato de la funcionaria. En declaraciones públicas, el jefe comunal manifestó su malestar e incomodidad institucional: «Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado». Al mismo tiempo, Ghi precisó que la exdirectora contaba con formación técnica específica en políticas de diversidad, que había ingresado al organigrama municipal durante la gestión anterior y que el municipio aportará todas las herramientas logísticas necesarias para el avance de la causa.
Vacaciones, la coartada de la pareja y un novio también buscado
La situación procesal de la imputada sumó ribetes insólitos a través de las justificaciones esgrimidas por su entorno. Según trascendió desde el ámbito judicial, allegados a Ortigoza afirmaron que la joven de 27 años no se encuentra formalmente evadida, sino que coincidió el operativo con unos días de «vacaciones» en la vivienda de su madre, ubicada en otra localidad.
Asimismo, la exfuncionaria hizo llegar una versión defensiva preliminar en la que asegura que planea ponerse a derecho ante los tribunales «una vez que la situación se aclare». Su estrategia defensiva inicial apunta de forma directa a una tercera persona: alegó que la droga secuestrada en su propia habitación pertenece a un joven con el que había iniciado una relación de pareja reciente, quien presuntamente utilizaba la casa de Castelar para acopiar pertenencias sin su consentimiento explícito. No obstante, la hipótesis de los fiscales avanza con firmeza sobre la complicidad conjunta; de hecho, la Justicia dictó en simultáneo una orden de captura nacional sobre el novio de la exdirectora, identificado formalmente como Ángel Daniel Paz, bajo la sospecha de liderar el fraccionamiento de estupefacientes para abastecer a «deliveries» en moto de toda la zona oeste.
El Centro Territorial de Políticas de Género es un área sensible para la asistencia de víctimas en el distrito. ¿Qué opinás sobre el impacto de este escándalo institucional en el municipio? Dejanos tu punto de vista.
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