La Secretaría de Transporte recibió a las cinco cámaras empresarias para negociar una deuda de $120.000 millones. Con las frecuencias ya reducidas en la calle, el Gobierno analiza si autoriza una nueva suba del boleto o cede con los subsidios.
En una mañana marcada por la tensión y el malestar de los usuarios, el Gobierno nacional y los representantes de las empresas de transporte automotor mantuvieron un encuentro técnico para destrabar el conflicto presupuestario que afecta al servicio. La reunión, que tuvo lugar a las 11 de este martes, buscó frenar la progresiva reducción de frecuencias que afecta a miles de pasajeros en La Matanza y el resto del Área Metropolitana, producto de una millonaria deuda estatal en concepto de subsidios.
La mesa de negociación, conformada por las autoridades de la Secretaría de Transporte y los titulares de las cámaras AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP, se centró en la exigencia empresarial de saldar los $120.000 millones que el Estado adeuda. Las prestadoras advierten que el servicio es «inviable» por el encarecimiento de los insumos y la presión de las paritarias salariales. El conflicto pone al Ejecutivo ante un dilema de difícil solución: inyectar más partidas presupuestarias —lo que chocaría con el ajuste fiscal— o aplicar un nuevo incremento en el valor del pasaje.
Esta última opción, aunque evitaría el desembolso estatal, impactaría directamente en el bolsillo de los trabajadores matanceros y empujaría al alza los índices de inflación. Mientras se definen los pasos a seguir dentro de la «reestructuración integral del sistema» que propone el Gobierno, muchas líneas continúan operando con cronogramas de emergencia, generando largas esperas en las paradas y unidades desbordadas durante las horas pico.
El desenlace de estas negociaciones determinará si el servicio de colectivos vuelve a la normalidad en los próximos días o si el conflicto escala hacia un cese total de actividades, en una semana donde la conectividad del conurbano pende de un hilo.
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