El Colegio de Farmacéuticos advierte que la situación es «insostenible» por los atrasos en los pagos y la caída del 30% en las ventas. Aseguran que la cadena de pagos está a punto de romperse, poniendo en riesgo el suministro de medicamentos básicos.
La salud de los adultos mayores en La Matanza y el Oeste se encuentra en una situación crítica tras la advertencia lanzada por el sector farmacéutico regional. Adrián Casanga, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, reveló que obras sociales como el PAMI mantienen deudas de hace más de un año, lo que está destruyendo el circuito de pagos entre laboratorios, droguerías y locales. Si no hay una regularización inmediata, los comercios del rubro evalúan medidas de fuerza que incluirían el corte del servicio a los afiliados.
La crisis económica actual golpeó al sector por dos frentes: por un lado, el retraso financiero de las obras sociales (PAMI adeuda cuatro pagos, equivalente a un mes de facturación); por el otro, una caída del 30% en las ventas de mostrador. «No es que la gente se dejó de enfermar, es que dejó de contar con recursos para comprar medicamentos», explicó Casanga. Históricamente, la venta particular permitía a las farmacias tener liquidez para pagar a las droguerías, pero hoy ese «colchón» desapareció, dejando a los locales sin espalda financiera.
Para graficar la asimetría, mientras las farmacias deben pagar a sus proveedores entre los 11 y 18 días, el PAMI estira los saldos a 45 días e IOMA hasta los 60. En un contexto donde el PAMI representa hasta el 70% de la facturación para muchos locales barriales, el desfasaje se vuelve letal. Desde el sector remarcan que la trazabilidad y seguridad de los medicamentos solo puede garantizarse en la farmacia, pero la falta de liquidez amenaza con provocar un desabastecimiento generalizado si se rompe la cadena con los laboratorios.
Ante este panorama, los farmacéuticos no descartan seguir los pasos de los médicos de cabecera, quienes ya realizaron jornadas de atención limitada a urgencias. El reclamo apunta directamente a la administración nacional para que cancele las deudas acumuladas y evite que miles de abuelos del conurbano se queden sin acceso a sus tratamientos crónicos.
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