La protesta afectará a las casas de altos estudios de todo el país, incluyendo a la Universidad Nacional de La Matanza. Reclaman actualización salarial, presupuesto 2027 y fondos para el sistema universitario.
La negociación paritaria entre el Gobierno nacional y los sectores docentes y nodocentes universitarios volvió a concluir sin ningún tipo de acuerdo. Las partes se reunieron en el Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria realizada por la Secretaría de Educación, donde el Ejecutivo ratificó la oferta de un tres por ciento de aumento salarial, idéntico porcentaje al propuesto a comienzos de septiembre y que ya había sido rechazado de plano por las organizaciones gremiales.
Ante la falta de respuestas satisfactorias, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó un paro total de actividades por 48 horas, afectando a las jornadas previstas en el plan de lucha. La medida cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (ADUNLaM) y de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Matanza (ATUNLaM).
Esta nueva escalada en el conflicto se da tras una semana atravesada por fuertes acciones gremiales, que incluyeron jornadas de visibilización y la presentación formal del proyecto de presupuesto universitario para 2027 por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Congreso de la Nación. Asimismo, el sector sindical confirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el próximo 15 de octubre.
Reclamos de recomposición salarial y fondos
Desde el sector sindical señalaron mediante un comunicado que «el tres por ciento que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial que ronda el 33,4 por ciento como la deuda salarial del orden de los cuatro salarios».
En esa línea, agregaron que «la defensa de la universidad pública con salarios dignos, becas estudiantiles que garanticen ingreso, permanencia y graduación, fondos para sostener las misiones sustantivas y para hospitales universitarios es lo que nos impulsa a sostener esta larga lucha».
Cabe recordar que la disputa judicial y presupuestaria se mantiene latente luego de que, en diciembre pasado, la Justicia dictara medidas cautelares sobre el cumplimiento de los financiamientos universitarios. Mientras el Ejecutivo nacional destinó una proyección de 7,3 billones de pesos en el Presupuesto 2027 para el sector, el CIN insiste en la necesidad de contar con un piso de once billones de pesos para garantizar el normal funcionamiento de las universidades públicas.
