El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires defendió la gestión provincial y exigió al Ejecutivo nacional el envío de recursos para respaldar las modificaciones penales.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al cruce del Gobierno nacional tras los duros cuestionamientos contra Axel Kicillof. Las críticas desde el oficialismo se alzaron luego del fallo dictado este lunes por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, que frenó la aplicación de la ley de baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. A través de un mensaje en la red social X, Alonso recriminó que en Nación «mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer».
Las declaraciones del funcionario provincial respondieron directamente a los señalamientos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien más temprano recriminó el «silencio» de Axel Kicillof frente a la resolución judicial y acusó al gobernador de estar «del lado del delincuente, nunca de la víctima».
«Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado», le espetó Alonso a Santilli, agregando que «bajar la edad de imputabilidad no alcanza» si no se contemplan las condiciones materiales para su implementación.
Los cuestionamientos a la falta de infraestructura y recursos
En su descargo, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense interpeló a la administración nacional sobre la viabilidad presupuestaria de la medida: «¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?». En esa línea, sentenció que sin estructura ni inversión económica, la reforma penal queda reducida a «una modificación en los papeles» y a «un eslogan de campaña».
La postura de Alonso sintoniza con los argumentos esgrimidos por la jueza Marta Elba Pascual, quien fundamentó su fallo en el marco de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, advirtiendo que la norma carece de mecanismos efectivos de reinserción social para los jóvenes.
El debate político y la división de poderes
El cruce también incluyó a la senadora Patricia Bullrich, quien acusó a la Provincia de sostener «una Justicia garantista que los deja libres para que sigan robando» y apuntó directamente contra Kicillof. Ante estos señalamientos, Alonso defendió la autonomía institucional al cuestionar que se le exijan responsabilidades al Ejecutivo provincial por una decisión de índole judicial: «¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos», concluyó
