El gobernador bonaerense acusó a la gestión de Javier Milei de recortar transferencias e instrumentar la ayuda financiera como un mecanismo de coacción política. Más allá de la pirotecnia partidaria, las cifras de recaudación y giros discrecionales respaldan el diagnóstico de una severa restricción fiscal sobre las jurisdicciones subnacionales.
El debate por la distribución de los fondos públicos y el alcance del federalismo volvió al centro de la escena política tras la publicación de un texto de opinión firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bajo el título “Milei y las provincias: la extorsión como política de Estado”, el mandatario cuestionó la estrategia económica del Poder Ejecutivo Nacional y sostuvo que la Casa Rosada utiliza el ahogo financiero como una herramienta deliberada para condicionar el voto de los legisladores en el Congreso.
Un diagnóstico económico con sustento real
En su texto, Kicillof expone que la política de ajuste del Gobierno nacional impactó negativamente en la actividad económica general, derivando en caídas en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción, lo que golpeó de forma directa las arcas subnacionales. Los datos respecto al desempeño fiscal reflejan un escenario de alta fragilidad financiera caracterizado por:
- Caída de transferencias no automáticas: El recorte congeló o redujo al mínimo los giros discrecionales destinados a obras de infraestructura, programas educativos y asistencia social.
- Impacto en la recaudación coparticipable: La retracción del consumo interno y de la actividad industrial disminuyó los ingresos fiscales de origen nacional distribuidos por ley.
- Doble impacto local: Las provincias experimentan, en simultáneo, una menor recaudación de impuestos propios debido a la contracción de la actividad económica.
El dilema del método y la tensión federal
El núcleo de la denuncia de Kicillof apunta a un «método extorsivo», en el cual el Gobierno nacional retiene fondos para ofrecerlos de manera selectiva a cambio de respaldo legislativo. Desde la administración central, estas restricciones se defienden como pilares innegociables para sostener el superávit fiscal y consolidar la baja de la inflación. Sin embargo, para los gobiernos provinciales, la transferencia del costo del ajuste sobrecarga la demanda de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
El gobernador bonaerense advirtió que esta situación afecta por igual a regiones de perfiles productivos heterogéneos —como Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes— y concluyó alertando sobre la calidad institucional, señalando que las discusiones sobre reformas electorales no deben dirimirse en el marco de una negociación de supervivencia financiera.
