La propuesta legislativa busca transformar la estructura del sistema educativo argentino, desplazando al Estado como responsable principal para otorgar ese rol a la familia. El proyecto contempla la derogación de la Ley de Educación Nacional y la implementación de un sistema de «educación abierta», lo que ha despertado críticas por parte de diversos sectores y especialistas.
El Gobierno nacional impulsa un borrador denominado «Proyecto de Ley de Libertad Educativa», que plantea un cambio estructural en la educación argentina. La iniciativa propone reducir la intervención estatal, modificar el sistema de financiamiento y habilitar modalidades alternativas de enseñanza, eliminando metas de inversión y regulaciones vigentes desde 2006.
El proyecto, que ha generado un amplio debate social, introduce modificaciones que alteran la tradición histórica de la educación pública en el país. Los ejes centrales de la reforma incluyen:
1. Reconfiguración del rol estatal Los artículos 1 y 4 proponen que la familia sea el «agente natural y primario» de la educación, relegando al Estado a un actor subsidiario. Especialistas advierten que esta medida podría aumentar la desigualdad social, al beneficiar a aquellos sectores que poseen mayor «capital cultural» para acompañar las trayectorias de los estudiantes.
2. Derogación de la Ley de Educación Nacional (26.206) La propuesta deroga la normativa actual del 2006 sin reemplazar metas fundamentales, tales como:
- El horizonte de inversión del 6% del PBI.
- La obligatoriedad de la formación en sexualidad responsable.
- Regulaciones sobre jornada completa y derechos/deberes de la comunidad educativa.
3. «Educación abierta» y autonomía institucional Se introduce el concepto de educación no formal o abierta, que permite el aprendizaje en el hogar (homeschooling) o entornos virtuales, eliminando la obligatoriedad de asistir regularmente a una institución. Además, cada escuela tendría autonomía para determinar su calendario y gran parte de sus contenidos, lo que, según críticos, podría fragmentar el sistema educativo.
4. Consejo Escolar de Padres El proyecto crea un organismo compuesto por padres con facultades para asesorar, supervisar y participar en la contratación o remoción de equipos directivos en instituciones estatales. La medida es cuestionada por delegar funciones técnicas en personas sin formación pedagógica específica y por no aplicar estas mismas normas a las instituciones privadas.
5. Financiamiento orientado a la demanda Se propone cambiar el paradigma de financiamiento pasando de la oferta a la demanda, mediante el uso de «bonos» o «vales» (vouchers) y créditos fiscales, medida señalada por especialistas como una forma de promover una lógica mercantilista y una mayor segmentación socioeconómica.
6. Examen Nacional de Egreso La reforma plantea un Examen Nacional de Egreso del Secundario de carácter voluntario. Especialistas observan que, para medir la eficacia del sistema, resultaría más eficiente implementar evaluaciones al finalizar el ciclo primario para permitir ajustes pedagógicos tempranos.
