Desde fotos de comida alteradas para pedir reembolsos hasta daños falsos en seguros de autos. Lo que muchos vecinos ven como una «travesura» para ahorrar unos pesos, es técnicamente un delito de estafa. Advierten que las plataformas ya usan tecnología para detectar estos fraudes.
En las paradas de colectivo de San Justo o en los grupos de WhatsApp de vecinos de Ramos Mejía, cada vez es más común escuchar «trucos» para que las aplicaciones de delivery no cobren un pedido o para que el seguro pague un arreglo inexistente. Sin embargo, el uso de Inteligencia Artificial para retocar fotos y simular engaños está dejando de ser una anécdota de barrio para convertirse en un problema legal serio. Lo que empieza con una hamburguesa «mordida» por Photoshop puede terminar con una denuncia penal por estafa.
La modalidad es silenciosa pero efectiva: el usuario recibe su pedido de comida, le saca una foto y, mediante IA, le agrega un pelo, simula que está descompuesto o que faltan ingredientes. Con esa prueba falsa, reclama el reintegro. Según expertos jurídicos, esto configura un «ardid o engaño» clásico del derecho penal. El problema para el vecino es que las empresas (desde apps de comida hasta aseguradoras de autos que operan en el distrito) ya no solo rechazan el reclamo, sino que están acumulando evidencia digital y patrones de conducta para iniciar acciones legales contra los usuarios reincidentes.
Este fenómeno también llegó al sector de los seguros, donde se utilizan fotos para denunciar siniestros menores. Alterar la imagen de un auto para exagerar un choque o inventar una rotura en el hogar mediante herramientas digitales no es una «irregularidad», es una tentativa de estafa. Las compañías cuentan hoy con peritos digitales que rastrean metadatos y huellas de edición en las imágenes; el mismo celular que se usó para el engaño termina siendo la prueba principal en contra del estafador.
Un dato clave para las familias matanceras es la responsabilidad de los más jóvenes. Con la reciente modificación del Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), que baja la imputabilidad a los 14 años y entrará en plena vigencia este septiembre de 2026, muchas «travesuras» digitales de adolescentes podrían derivar en intervenciones penales tempranas. La recomendación para los padres del distrito es clara: conversar sobre los límites de lo digital, ya que la trazabilidad de estas maniobras hace que el fraude sea cada vez más «invisible» para el ojo humano, pero totalmente detectable para los sistemas de seguridad.
¿Conocés a alguien que haya intentado estos «trucos» en las apps? ¿Te parece que las empresas deberían denunciar penalmente a quienes hacen estos reclamos falsos?
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