El proyecto deroga artículos clave de la Emergencia Nacional y obliga a miles de beneficiarios a revalidar su condición médica.
La comunidad de personas con discapacidad y sus familias en el distrito se encuentran en estado de alerta tras el ingreso al Senado de un nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional. La iniciativa, que surge tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), busca modificar sustancialmente la normativa vigente, imponiendo requisitos más estrictos para acceder a las pensiones no contributivas y eliminando beneficios que garantizaban la inclusión laboral y la actualización automática de aranceles prestacionales.
El eje central de la propuesta es el reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios. Quienes no acrediten nuevamente su condición médica y socioeconómica ante ANSES y ARCA sufrirán la suspensión automática de sus haberes. Uno de los puntos más polémicos es la instauración de una «incompatibilidad absoluta» entre la pensión y el empleo formal: de aprobarse, una persona con discapacidad que consiga un trabajo registrado perdería automáticamente su beneficio estatal, eliminando los incentivos a la inserción laboral que se habían logrado en los últimos años.
En cuanto al sistema de salud, el proyecto elimina virtualmente el nomenclador nacional, desregulando la negociación de aranceles entre prestadores y obras sociales o prepagas. Esto genera una gran incertidumbre en los centros de día y servicios terapéuticos de La Matanza, ya que se suprime el piso mínimo de calidad y los aranceles homogéneos. Además, si bien ata el monto de la pensión al 70% de la jubilación mínima, elimina adicionales por zona desfavorable y la actualización automática trimestral por IPC que protegía a los prestadores de la inflación.
El proyecto inicia ahora su camino en el Senado, donde el oficialismo espera encontrar los votos que le fueron esquivos en otros debates. Organizaciones de familiares y transportistas de personas con discapacidad del distrito ya evalúan medidas de visibilización, denunciando que este cambio de paradigma retrotrae los derechos a un modelo de «invalidez laboral» que se creía superado por la perspectiva de derechos humanos.
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