Según datos del SIPA y del INDEC, los puestos registrados se redujeron 0,9% desde la sanción de la norma. El ministro Federico Sturzenegger dijo no estar conforme con la respuesta de los empresarios.
A ocho meses de la sanción de la Ley 27.802 de modernización laboral —impulsada por el Gobierno de Javier Milei bajo la premisa de incentivar la contratación y fomentar el empleo registrado—, los primeros indicadores oficiales reflejan una pérdida de puestos formales, un incremento de la informalidad y la persistencia de la contracción en el sector privado. De acuerdo con los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los empleos formales disminuyeron un 0,9% desde marzo de 2026, mientras que informes del INDEC ubicaron la tasa de desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre del año.
En paralelo, la informalidad laboral escaló 1,8 puntos porcentuales para trepar al 45% de la población ocupada, impulsada por un crecimiento de trabajadores por cuenta propia y más de 6 millones de personas bajo la precarización. Por su parte, el Monitor de la Reforma Laboral advirtió que el empleo privado registrado acumula 14 meses de caídas consecutivas con una pérdida cercana a los 266.000 puestos desde noviembre de 2023, situando los niveles de contratación en parámetros similares a los de mayo de 2014.
Ante este escenario, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger —ideólogo del proyecto—, reconoció no estar conforme con la respuesta del sector empresario frente a la normativa y señaló dificultades vinculadas con la negociación de convenios colectivos. En el plano salarial, el haber mínimo acumula una pérdida real del 40,8% desde noviembre de 2023, evidenciando que las modificaciones legales aún no lograron reactivar la contratación formal ni recomponer el poder adquisitivo.
