Desde la actualización de becas hasta la mejora de edificios, los puntos clave de la norma que defendió la UNLaM en clases públicas.
Con una masiva radio abierta, clases en la calle y una emotiva vigilia con velas en la explanada del Teatro Universidad, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) cerró este jueves una jornada de lucha nacional. El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), una norma sancionada en octubre de 2025 que el Gobierno nacional mantiene suspendida, profundizando la incertidumbre sobre el funcionamiento de las aulas y la situación salarial de los trabajadores del distrito.
La ley en disputa no solo garantiza el pago de servicios básicos y mantenimiento de edificios, sino que establece un mecanismo de actualización bimestral del presupuesto en base a la inflación del INDEC. Este punto es vital para evitar el desfasaje que hoy pone en riesgo las actividades académicas y científicas en universidades con tanto peso regional como la UNLaM. Además, la normativa obliga a la recomposición salarial para docentes y nodocentes, quienes vienen denunciando una pérdida del poder adquisitivo frente a la escalada de precios.
Otro de los pilares que el Gobierno se niega a aplicar es la actualización automática de las becas estudiantiles (como el Progresar y Manuel Belgrano) y el financiamiento de la investigación científica. Durante las actividades en San Justo, estudiantes y profesionales destacaron que sin estos fondos se corta la posibilidad de permanencia de miles de jóvenes matanceros en el sistema educativo superior, afectando directamente el desarrollo profesional y social de la zona oeste.
La jornada «La universidad no se apaga» dejó en claro que la comunidad educativa no dará marcha atrás en la defensa de la educación pública. Mientras el conflicto se traslada ahora al plano judicial y legislativo, en La Matanza advierten que continuarán las medidas de fuerza si no se destraban los fondos establecidos por ley.
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