El Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza ordenó la prisión preventiva para los cinco principales acusados de gestionar una estructura sanitaria ilegal. La investigación, que se originó por la usurpación de identidad de profesionales, se amplió tras la aparición de decenas de escuelas, sindicatos y médicos damnificados por el uso fraudulento de sus matrículas.
La Justicia de La Matanza dispuso la prisión preventiva para los cabecillas de la red conocida como «Argentina Salud», organización acusada de prestar servicios médicos mediante el uso de documentación falsa y personal no capacitado. El juez Rubén Ochipinti avaló el pedido del fiscal Fernando Garate, mientras el expediente continúa creciendo con nuevas denuncias que alcanzan ya los 50 casos.
Los detenidos e imputados son Alberto Santarceri —sindicado como el cerebro de la estructura—, Noelia Sofía Luna, Brian y Nicolás Santarceri, y Gabriel Musse. Sobre ellos pesan graves acusaciones, entre las que destaca la asociación ilícita agravada, con penas en expectativa de hasta 20 años de prisión, además de cargos por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y falsificación de documentos.
La operatoria y el hallazgo de los sellos La investigación comenzó a principios de año cuando una médica cirujana de CABA detectó que su identidad había sido usurpada en un siniestro vial ocurrido en La Matanza. El fiscal Garate logró identificar que el centro emisor de la documentación apócrifa era «Argentina Salud», una red que operaba desde 2022 en diversos puntos del partido.
Según testimonios de ex trabajadores, la organización obtenía datos de profesionales a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Con esta información, fabricaban sellos apócrifos: se secuestraron más de 80 en poder de los acusados. En los locales, la atención era brindada por estudiantes o enfermeros sin título habilitante, quienes firmaban sus diagnósticos y recetas utilizando las identidades robadas.
Impacto y medidas cautelares La gravedad de la situación motivó las siguientes acciones:
- Clausura total: El Ministerio de Salud bonaerense ordenó el cierre definitivo de todos los locales de la red y mantiene una custodia permanente para evitar intrusiones.
- Víctimas múltiples: Además de los médicos afectados, se sumaron a la causa denuncias de escuelas, gremios y particulares que contrataron los servicios de emergencia de la red sin saber que eran irregulares.
- Investigación en curso: La Justicia también analiza el fallecimiento de un paciente atendido en una de las clínicas de la organización, a la espera de pericias médicas que determinen si existió mala praxis.
