La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener la asistencia a 900 mil personas. A partir de agosto, el Ejecutivo podrá avanzar con el cese del beneficio y la implementación de un nuevo sistema basado en vouchers de capacitación laboral.
El Gobierno nacional obtuvo un fallo clave en la Justicia que le permite avanzar con la reestructuración de sus políticas sociales. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que sostenía el programa “Volver al Trabajo”, permitiendo al Ministerio de Capital Humano finalizar las transferencias mensuales de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios a partir del próximo mes.
El tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, anuló la resolución previa del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado la continuidad de los pagos hasta que se implementara una alternativa formal. Los magistrados sostuvieron que mantener la cautelar implicaba un «adelantamiento del veredicto final» y una intromisión en la facultad del Poder Ejecutivo para definir sus propias políticas públicas.
En su fallo, la Cámara remarcó que los programas sociales no generan «derechos adquiridos» y que el Gobierno cuenta con la autonomía para reasignar recursos, priorizando la presunción de legitimidad de los actos estatales. Según los jueces, no se cumplieron los requisitos legales para la tutela provisoria, ya que el Estado ya ha presentado un esquema sustitutivo enfocado en la formación profesional.
El nuevo modelo, diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desplaza el foco de las transferencias monetarias directas hacia la inversión en empresas, centros formativos provinciales y talleres profesionales mediante el uso de vouchers. Desde la Casa Rosada indicaron que los fondos liberados tras el cierre de este esquema serán redireccionados para financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias de zonas vulnerables.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazó categóricamente la resolución judicial. A través de un comunicado, el gremio advirtió que la medida dejará sin ingresos a cientos de miles de trabajadores informales en un contexto de alta vulnerabilidad, asegurando que continuarán reclamando por la continuidad del salario social complementario.
