Ante el incremento de los ingresos a domicilios y la preocupación que genera la vulnerabilidad de las víctimas, la fiscal general Patricia Ochoa decidió unificar todas las causas en una sola dependencia. La unidad será conducida por la fiscal Andrea Palín y funcionará bajo un esquema de guardia permanente, similar a las fiscalías de Homicidios o Drogas.
El Departamento Judicial de La Matanza contará desde la próxima semana con una fiscalía dedicada exclusivamente a investigar las entraderas. La medida busca terminar con la dispersión de los expedientes en fiscalías ordinarias, concentrando la información para lograr un seguimiento más eficaz de las bandas delictivas que operan en el distrito mediante intrusiones violentas en viviendas.
La nueva dependencia estará encabezada por la fiscal Andrea Palín, quien contará con el apoyo de la ayudante fiscal Fernanda Rolón y el secretario Mariano Marcuz. La elección de este equipo responde a los altos índices de esclarecimiento logrados durante 2025 en la UFI N° 9. Además de las entraderas, la unidad tendrá bajo su órbita casos de gravedad institucional, tales como los excesos policiales.
Uno de los principales objetivos de esta estructura es romper con la dinámica de los «compartimientos estancos». Al centralizar todas las denuncias, los investigadores podrán conectar hechos que antes se trataban de forma aislada, permitiendo un abordaje integral de las organizaciones criminales. Quedan excluidos de esta fiscalía los llamados «escruches», es decir, los ingresos a propiedades cuando no se encuentran sus ocupantes.
Para garantizar la investigación, se instrumentó un cambio clave en el procedimiento policial: ante cada llamado al 911 por un hecho de este tipo, se abrirá un expediente de oficio, incluso si la víctima, por temor o indignación, decide no avanzar con la denuncia formal. «Es importante que la gente sepa que hay formas de perseguir estos hechos, pero la vía es la denuncia con todos los detalles», explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
La medida también contempla un fortalecimiento del área de Asistencia a la Víctima. Debido a que gran parte de los damnificados son personas mayores o ciudadanos con movilidad reducida, la justicia priorizará que los operadores judiciales se trasladen a los domicilios para tomar las declaraciones de rigor, evitando así las dificultades del traslado a las sedes judiciales. Los comisarios, el gabinete de la DDI local y el Comando de Patrullas ya han sido notificados para estandarizar el protocolo de actuación a partir del próximo lunes.
